Persecución de la violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia: oportunidades y desafíos

Crimes Against Humanity

Si bien el marco jurídico colombiano relativo a la violencia sexual en el conflicto ha sido fortalecido considerablemente en los últimos años, subsisten importantes desafíos para su aplicación: desde el 2016, sólo 14 casos han resultado en condenas.

Progreso en la persecución de la violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia

En los últimos 9 años, las autoridades colombianas han tomado medidas significativas para asegurar que los sobrevivientes de crímenes de violencia sexual, tanto en el marco del conflicto armado como en tiempos de paz, tengan un mayor acceso a la justicia y se logre la judicialización de los responsables. Por ejemplo, la Ley 1257 fue adoptada en 2008 para establecer un marco efectivo para la protección de la mujer contra la violencia tanto en el ámbito privado como en el público y apoyar la implementación de políticas públicas adecuadas. Del mismo modo, la Ley 1719 de 2014 tiene como objetivo mejorar el acceso a la justicia para los sobrevivientes de violencia sexual en el conflicto armado. Más recientemente, la Ley 1761 fue promulgada en 2015 para abordar el feminicidio.

La Corte Constitucional ha desempeñado un papel importante al fomentar la persecución de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. A partir de la Sentencia T-025, la Corte compiló una lista de casos en los Anexos Reservados del Auto 092 de 2008 y del Auto 009 de 2015 e instó a las autoridades nacionales a judicializarlos. En consecuencia, la Fiscalía General de la Nación (FGN) creó en el 2015 el Subcomité de Articulación de la estrategia de priorización para la investigación y la judicialización de la violencia sexual en el marco del conflicto armado, con el fin de promover estrategias definidas para la priorización y persecución de los casos de violencia sexual en el conflicto, y para proporcionar orientación sobre los estándares internacionales de debida diligencia en su judicialización.

Desafíos en la persecución de la violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia

A pesar de que la Corte Constitucional define la violencia sexual contra las mujeres como “una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano”, la falta de información precisa al respecto se mantiene. Hasta la fecha, no existe una base de datos centralizada, efectiva y completa para registrar los crímenes de violencia sexual, sus víctimas y perpetradores. Los altos niveles de sub-registro dificultan aún más el mapeo exhaustivo y sistemático. Además, las arraigadas normas relativas al género y nociones de masculinidad tradicionales han moldeado la forma en la que la violencia sexual en el conflicto es abordada en Colombia. Pese al reconocimiento entre actores de la sociedad civil, periodistas y fiscales de la existencia de hombres sobrevivientes de violencia sexual, los datos oficiales sobre su victimización son escasos. Asimismo, la ausencia de un sistema centralizado efectivo para la recopilación de información sobre el estado de los casos de violencia sexual en el conflicto ha tenido un impacto considerable en el procesamiento de estos crímenes en Colombia. Aunque la Corte Constitucional ha priorizado más de 600 casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado desde el 2008, el nivel de impunidad sigue siendo particularmente alto.

Las víctimas de la violencia sexual también se enfrentan a numerosos obstáculos en su acceso a la justicia. Además del estigma social que sigue siendo asociado con los delitos sexuales, los sobrevivientes que desean denunciar, a menudo tienen que lidiar con un proceso largo y complicado. Tras pasar de una institución estatal a otra, a las víctimas se les pide continuamente repitan su historia, lo que puede generar re-victimización y, lo que es aún más importante, contribuye al sub-registro de los casos de violencia sexual. Adicionalmente, las desigualdades territoriales en la prestación de servicios públicos continúan teniendo un impacto considerable en la capacidad de las víctimas para presentar una denuncia, en particular con respecto a las personas que viven en las zonas rurales y las regiones más afectadas por el conflicto. Las Comisarías de Familia suelen ser la única estructura a la que los sobrevivientes pueden acudir, pero no siempre tienen la capacidad de satisfacer adecuadamente las expectativas legales de las víctimas. En general, el proceso judicial existente puede ser particularmente complejo y confuso para las víctimas de violencia sexual: en la práctica, tienen acceso a información muy limitada sobre sus derechos y los pasos a seguir.

Los obstáculos a la investigación y persecución de la violencia sexual en el conflicto se derivan de la falta de cooperación interinstitucional y se ven agravados por la misma. Esfuerzos recientes incluyen la creación de comités interinstitucionales, como el Subcomité de Articulación de la FGN y el Comité Técnico Interinstitucional para ampliar y cualificar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual. No obstante, el marco institucional colombiano cuenta con diversas entidades encargadas de abordar la violencia sexual en el marco del conflicto armado, entre ellas la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las Comisarías de Familia. Definir el mandato exacto de este entorno lleno de actores con competencia en la materia es una tarea compleja que podría inhibir la investigación y persecución de la violencia sexual en el marco del conflicto armado.

Violencia sexual en el marco del conflicto armado y la Jurisdicción Especial para la Paz

La Jurisdicción Especial para la Paz, prevista en el acuerdo de paz logrado entre el Gobierno colombiano y las FARC en 2016, también merece ser considerada en el contexto de la violencia sexual en el conflicto. Se prevé que la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá jurisdicción sobre los miembros de las FARC, sobre funcionarios del Estado que hayan cometido crímenes durante y en ocasión del conflicto armado, así como sobre personas acusadas de financiar o colaborar con paramilitares. Es relevante para la violencia sexual en el marco del conflicto el que la Unidad de Investigación de la Jurisdicción Especial creará un equipo especial de investigación de la violencia sexual. Además, la violación y otras formas de violencia sexual serán excluidas de las medidas de amnistía e indulto. Por último, el acuerdo de paz contempla la rehabilitación psicosocial de los sobrevivientes de la violencia sexual. Queda por ver, sin embargo, cómo la Jurisdicción Especial para la Paz implementará estas medidas una vez que entre en funcionamiento.

Contexto de la violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia

En medio de grupos paramilitares, guerrilla y fuerzas de seguridad del Estado, el territorio colombiano ha sido escenario de intensa violencia por más de 50 años: más de 260.000 personas han muerto, 45.000 han desaparecido y 6.9 millones han sido desplazadas. La violación y otras formas de violencia sexual se presentan de manera generalizada y han sido presuntamente cometidas por todas las partes en el conflicto, incluso como un medio para ejercer control social y territorial. Por ejemplo, se ha acusado a los grupos paramilitares de secuestrar, violar y forzar a la prostitución o matar mujeres y niñas en varias regiones del país. Además, se sabe que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han implementado una política de anticoncepción forzada y aborto forzado para combatientes en sus filas.

Para comprender plenamente las dinámicas así como las implicaciones de la violencia sexual en Colombia, cualquier análisis debe tener en cuenta el sistema patriarcal profundamente enraizado, que históricamente ha permeado la sociedad colombiana. La discriminación basada en el género y la violencia contra las mujeres son omnipresentes. Según un informe de 2012 de Small Arms Survey, Colombia tiene la décima tasa de feminicidio más alta del mundo. Estas arraigadas y pre-existentes desigualdades de género han contribuido al rápido aumento de la violencia sexual en el conflicto a lo largo del territorio y su comisión dentro de un contexto más amplio de violencia de género: los grupos armados han impuesto restricciones territoriales al libre movimiento de las mujeres, han implementado toques de queda basados en el género, y han reglamentado estrictamente las conductas sociales de las mujeres –incluso mediante el uso de castigos. Además, la comunidad LGBT se ha convertido en blanco de violencia específicamente por motivos de género, desde amenazas a agresiones sexuales y asesinatos.

La sociedad civil colombiana ha defendido la necesidad de contextualizar la comisión de tales crímenes: la violencia sexual en el marco del conflicto no ocurre en el vacío y frecuentemente se alimenta de, o contribuye a, otros patrones de abuso. Por ejemplo, ciertos tipos de violencia sexual perpetrados por paramilitares, como la prostitución infantil, tienen fuertes lazos con el crimen organizado. Ante este contexto, es esencial hacer frente a la impunidad de los crímenes de violencia sexual y de género y garantizar el acceso de las víctimas a la justicia, con el fin de transmitir el mensaje de que la violencia de género en el conflicto no es tolerada ni aceptada.

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