Mapeo, selección y priorización de crímenes relacionados con el conflicto armado y las atrocidades

Crimes Against Humanity (7)

Directrices presentan enfoque recomendado de CMN

Directrices: Mapeo, Selección y Priorización de Crímenes Relacionados con el Conflicto Armado y las Atrocidades
Bruselas, junio de 2018
28 páginas
ISBN: 978-82-8348-169-3
LTD-PURL:www.legal-tools.org/doc/f183ff/

CMN ha publicado Directrices presentando un enfoque recomendado para el mapeo, selección y priorización de crímenes cometidos en relación con el conflicto armado y las atrocidades. Las Directrices están basadas en nuestra experiencia en diferentes escenarios de post-conflicto, así como en la observación empírica y la investigación teórica. Las Directrices describen:

  • Principios generales fundamentales que sirven de guía para el mapeo, selección y priorización de casos;
  • El alcance y proceso del mapeo de la acumulación de expedientes de casos abiertos y de incidentes más amplios;
  • Consideraciones para la adopción de una política que oriente el proceso de mapeo, selección y priorización de casos;
  • Criterios modelo para la selección y priorización de casos.

“Priorizar casos relacionados con el conflicto o las atrocidades puede ser controversial y desafiante: las Directrices proporcionan una breve introducción a la lógica y al proceso para priorizar efectivamente tales casos. Abordan los principales desafíos que desencadenan la necesidad de priorización, los principios clave que deben seguirse para garantizar un proceso justo y transparente, así como los criterios modelo para priorizar los casos para la judicialización penal.” Emilie Hunter, Subdirectora del CMN.

¿Por qué priorizar casos relacionados con el conflicto y las atrocidades?

Los conflictos armados contemporáneos se caracterizan por tener una amplia escala y alcance de conductas ilícitas, a menudo llevadas a cabo en contra de grupos vulnerables o marginados. Los esfuerzos judiciales deben abarcar la naturaleza total de la victimización, incluyendo el área geográfica de la victimización y las comunidades afectadas, así como las organizaciones e individuos responsables. Sin embargo, rara vez es posible la impartición de justicia penal para todas las violaciones. Las instituciones judiciales están a menudo limitadas con respecto al número de casos que pueden ser judicializados en un momento dado: sin una estrategia objetiva y transparente, los casos serán judicializados de manera ad hoc y sin una estructura clara – por ejemplo, atendiendo los casos por el orden de llegada – mientras que muchos otros casos quedarán sin ser atendidos. De manera inadvertida o premeditada, este tipo de enfoque selectivo puede ser discriminatorio, parcial o injusto, y puede resultar en impunidad de facto para ciertos delitos, grupos de perpetradores o grupos de víctimas.

¿Cómo asiste la priorización a esclarecer la responsabilidad por casos relacionados con el conflicto y las atrocidades?

El mapeo, selección y priorización de casos tienen como objetivo hacer frente a estos desafíos, permitiendo que la totalidad de la victimización en cualquier conflicto sea tratada de manera imparcial y con sensibilidad social. Pretende equilibrar la búsqueda para acabar con la impunidad de los perpetradores de atrocidades en masa con las limitaciones jurídicas y los mecanismos de responsabilidad, garantizando una administración de justicia más eficiente y transparente. Esto no significa necesariamente la desestimación ni el cierre de otros casos, con excepción de unos cuantos, sino más bien establece un proceso objetivo y transparente para la atribución y escalonamiento de los casos dentro y mediante mecanismos judiciales apropiados.

¿Qué tipo de casos deben ser priorizados para su judicialización penal?

Las Directrices proponen que el proceso penal debe dar prioridad a los casos que involucran delitos cometidos en las áreas o comunidades más afectadas por la violencia. Asimismo, las organizaciones o instituciones con mayor grado de responsabilidad por la comisión de delitos deben ser llevadas ante la justicia penal en mayor proporción, o antes que las organizaciones o instituciones de menor importancia. Otros casos o incidentes pueden ser asignados a otros mecanismos de rendición de cuentas, dependiendo de las necesidades post-conflicto del país y a su marco jurídico.

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