Colombia: Desplazamiento Forzado, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad

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Marialejandra Moreno Mantilla (CILRAP- CMN), Carolina Albornoz (Centro Distrital de Memoria Histórica) and Pablo Abitbol (Universidad Tecnológica de Bolívar).

Marialejandra Moreno Mantilla presenta la importancia del mapeo, selección y priorización de casos en un conversatorio  

Entre el 1 y el 2 de febrero de 2018, CMN se unió a la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (‘CODHES’), Abogados Sin Fronteras Canadá (‘Avocats Sans Frontiers’ o ‘ASF’), otras organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, agencias de cooperación y entidades del Estado en el marco del Conversatorio sobre Desplazamiento Forzado, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Bogotá D.C., Colombia. Durante el evento se abordaron temas y retos claves para los mecanismos judiciales y extrajudiciales de atribución de responsabilidad bajo el Acuerdo Final con respecto al desplazamiento forzado de la población civil a gran escala. Marialejandra Moreno Mantilla (Asesora Asociada de CMN) compartió la aproximación de CMN al mapeo, selección y priorización de casos como una metolodogía a ser considerada por la Jurisdicción Especial para la Paz (‘JEP’) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (‘CEV’).

La Relevancia del Mapeo, la Selección y la Priorización de los Casos de Desplazamiento Forzado

Cerca de 8 millones de personas han sido desplazadas forzosamente de sus hogares a lo largo del conflicto armado colombiano según el Registro Único de Víctimas (‘RUV’): alrededor del 40% de la victimización ha tenido lugar en Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, mientras que el desplazamiento forzado sigue ocurriendo en Antioquia, Caquetá, Huila, Norte de Santander, Putumayo y Tolima. El RUV ha agrupado las víctimas aproximadamente en 2.5 millones de incidentes (organizados por hogar y evento de desplazamiento forzado). No obstante, en vista de sus limitaciones en cuanto al mandato temporal y personal, la JEP (10 años, prorrogables por 5 años más, y 38 magistrados) y la CEV (3 años y 11 comisionados) inevitablemente tendrán que priorizar los casos objeto de indagación. A manera de ilustración, si la JEP mantuviera la competencia exclusiva sobre estos incidentes, cada magistrado tendría que completar 365 casos al mes a lo largo de 15 años.

En este contexto, Marialejandra Moreno Mantilla introdujo la importancia de una metodología coherente de selección y priorización de casos que permita equilibrar la gran escala de casos de desplazamiento forzado, la necesidad de establecer la responsabilidad por los mismos y las limitaciones de la JEP y de la CEV. La importancia de entender el significado del mapeo, selección y priorización de casos fue enfatizada desde el comienzo: garantizar que los casos más adecuados sean judicializados prioritariamente con base en el mapeo de la victimización en su conjunto y la aplicación de criterios formales. Aún más, al tratarse de un proceso objetivo, éste no implica la exclusión de casos o la selección basada en sesgos, prejuicios o intenciones discriminatorias, sino que busca resolver estos retos a través del tratamiento sensible, polítca y socialmente, de la victimización en conjunto de cualquier conflicto. Con este propósito, tres asuntos fueron planteados.

En primer lugar, se hizo énfasis en el mapeo de la victimización en su conjunto como un prerrequisito que incluye la categorización de procesos judiciales activos y la necesidad de adoptar criterios formales. El mapeo representa el prerrequisito más importante para la selección y priorización de casos, pues garantiza que los casos seleccionados sean representativos de la victimización en su conjunto. Este proceso implica la revisión fáctica y jurídica de los procesos judiciales activos y las denuncias penales presentadas, así como la subsiguiente compilación de un inventario. De esta manera puede realizarse una rigurosa revisión de las circunstancias fácticas del conflicto que permite hacerse a una idea completa del alcance de la criminalidad a la vez que orienta la selección de indicadores específicos de los criterios de selección y priorización para garantizar que los casos seleccionados y priorizados sean representativos.

En segundo lugar, se subrayó la importancia de una selección o priorización consistente pero flexible como uno de los principios que deben orientar el mapeo, la selección y la priorización de casos. Los criterios flexibles permiten que el proceso acoja nuevas realidades y tenga en consideración las necesidades y los intereses cambiantes de las víctimas y la sociedad en general. Adicionalmente, la distribución de casos entre la JEP y la CEV debe ser clara y ejecutada a través de procesos transparentes.

Al respecto, se señaló la importancia de llevar a cabo actividades de sensibilización sobre el proceso de selección y priorización de casos con las comunidades afectadas. Estas actividades permiten tratar la objetividad del proceso y disipar las preocupaciones y sospechas sobre el mismo. Las actividades de sensibilización y la divulgación del proceso y los criterios aplicables aportan transparencia y aumentan su credibilidad y legitimidad. También crean el espacio necesario para entender los cambios en las necesidades y los intereses de las víctimas en torno a la selección y priorización de casos.

Por último, se presentaron los criterios modelo de CMN para la selección y priorización de casos: gravedad del delito, representatividad objetiva y consideraciones prácticas y de política. Aplicados conjuntamente, estos criterios proveen una salvaguarda esencial para garantizar que los casos en los cuales se proceda reflejen la totalidad de la criminalidad, que no sean discriminatorios o injustos, o que no provean impunidad de facto con respecto a ciertos crímenes, grupos de perpetradores o grupos victimizados.

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También se discutieron asuntos como la integridad, la metodología, la sostenibilidad fiscal y la participación de las víctimas en el ‘Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición’

Otros asuntos relevantes discutidos durante la jornada incluyeron: la efectividad e integridad del Sistema, la participación de las víctimas, las metodologías participativas de investigación y clarificación, la sostenibilidad fiscal y fuentes alternativas de financiación del sistema. El evento contó con la participación de representantes de distintos grupos y organizaciones de víctimas, quienes formularon inquietudes acerca de su inclusión en la JEP y la CEV. A lo largo del día se enfatizó en la necesidad de comprender los conceptos de verdad, memoria, historia, territorio, género y otros enfoques diferenciales con respecto al desplazamiento forzado y la gran escala de este tipo de infracciones en el contexto colombiano.

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